México pasa revista

Del 2 al 13 de febrero se llevará a cabo la 4ª sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la revisión del Examen Periódico Universal (UPR) de 16 países, entre ellos México. Los otros que serán sometidos a “examen” serán Alemania, Canadá, Bangladesh, la Federación Rusa, Azerbaijan, Camerún, Cuba, Arabia Saudita, Senegal, China, Nigeria, Mauritania, Jordania y Malasia.
Este Mecanismo (del UPR) fue ideado en las recientes reformas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para lograr mayor efectividad y ser, a la vez, más equitativo en el análisis de la situación de los Estados. Ya no se trata de que algunos países levanten la mano contra otros, sino que a todos se les ponga en la silla de los examinados y el conjunto del Consejo, a través de un mecanismo ágil, haga una revisión por igual. De otra manera sería impensable que países como Alemania o Canadá fueran sometidos a una revisión de esta amplitud. La equidad de trato a los países, además de ser una medida políticamente correcta, que despolitiza al mecanismo, es lo correcto conforme al principio de universalidad de los derechos, que hace igualmente importante vigilar lo que sucede en Cuba, como lo que acontece en cualquiera de los llamados países desarrollados.

La revisión parte de los informes que tanto el Gobierno del país en cuestión, como distintas organizaciones sociales -nacionales e internacionales- y otras instituciones públicas, en el caso de México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hacen llegar. Con esa información se conforma un documento de trabajo que sirve de guía
. Así, el sistema trata de ser respetuoso con los Estados, a los que les da la oportunidad de presentar su propia información, con lo que se favorece que los propios responsables se adelanten e, incluso, traten de tomar algunas medidas ante la inminencia de tener que presentarse a este mecanismo. Para las organizaciones sociales es igualmente una oportunidad muy valiosa, para hacer valer sus puntos de vista, ya que serán ellas las que, con información directa, podrán actuar como coadyuvantes en la revisión.

En el caso de la CNDH, u otras instituciones similares, la situación es un tanto peculiar ya que siendo una institución pública se les debe considerar como parte de los sujetos a revisar, sin embargo, al mismo tiempo son una de las fuentes de información sobre la actuación del Gobierno más importante. De esta forma juegan el papel de juez y parte, difícil de conciliar.

Lo más importante, sin embargo, es la materia de la revisión. Cada país tiene sus propios retos, y es una obligación de este mecanismo el lograr la identificación clara de las problemáticas y lograr el compromiso de los Estados de llevar a cabo acciones concretas de cambio. Será sin duda muy interesante saber cómo China, Malasia o Camerún, responderán a los graves señalamientos que se les haga. En el caso de México, el documento resumen preparado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que consta de 11 páginas, enlista una serie de temas de muy diversa índole, pero, desde nuestro punto de vista, que señalan una situación de un país con problemáticas muy amplias y complejas.

Uno de los temas fundamentales, en el que se reconocerán sus virtudes, pero que no pasará por alto sus graves secuelas negativas, será el del combate al narcotráfico, pero no como tal en sí, sino sus implicaciones en derechos humanos, como son la militarización, el crecimiento de la violencia, y el resto de secuelas que pone en entredicho la estrategia con la que se ha impulsado esta acción de Estado. Junto con el aplauso internacional –que ya existe- habrá que oír la reprimenda de no haber puesto suficiente énfasis en las implicaciones de derechos humanos. Será una buena oportunidad para reorientar las cosas.

Pero la gama, insistimos, es tan amplia como compleja, que va desde el señalamiento de que la reforma a la Ley del ISSSTE fue regresiva, de que no existe legislación adecuada en los Estados para combatir la violencia contra la mujer, de la persistencia de la tortura y de las detenciones arbitrarias, de los monopolios televisivos, de las agresiones a periodistas, de los índices graves de desnutrición de la falta de promoción de la vivienda, de la pendiente reforma laboral y para rematar de la pobre eficacia de la CNDH. Un elenco que retrata la situación de un Estado en transición democrática con una política de derechos humanos que está aún por hacer.
La Constitución no se salva, ya que la falta de una reforma constitucional para incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, se señala como la causa de que no se pueda llevar a cabo una correcta armonización con los estándares internacionales.

La conclusión no será muy negativa para México, ya que los bonos de nuestro país siguen siendo altos en el ámbito internacional: una estructura (legislativa y administrativa) que no se ha terminado de adecuar al respeto de los derechos humanos será la primera conclusión, pero lo que sin duda puede atraer más la atención internacional, son los casos pendientes de aclarar, como lo es Atenco, Oaxaca y Chihuahua. Ante ellos el Gobierno debe buscar respuestas sólidas que amén de tratar de explicar el porqué los casi nulos resultados, trate a su vez de presentar acciones a realizar.

La UPR para México, y para cualquier otro país, no será un evento de repercusiones mediáticas. Como dijimos ni siquiera políticamente debe preocuparse el Gobierno, a lo sumo se le calificará de indolente, ante el tamaño de los retos y su poca proactividad en los últimos años. Pero no mucho más, de aquí que lo que realmente puede suceder es que el Gobierno le quiera dar la seriedad necesaria al caso. Es la oportunidad de que la política de derechos humanos salga del 7º lugar en que está, y se le comprenda como uno de los pilares de la transición democrática. Esto quedará en manos del Secretario de Gobernación y de la Canciller y de la fuerza con que logren trasmitir el tema al Presidente.