Indudablemente el Poder Legislativo ha adquirido una dinámica dentro de la vida institucional de nuestro país nunca antes vista y hasta hace poco tiempo inimaginable. Para nadie pasa desapercibido que hasta la nueva conformación plural que vivió este órgano colegiado en las elecciones de 1997, el poder legislativo se constituía como mero ratificador de las decisiones presidenciales.

“Mi primera gran decepción fue cuando me visitó un señor muy culto para contarme que se pretendía vender el archivo de la ciudad a una fábrica de cartón. Todo el archivo de la ciudad a tres centavos el kilo de papel. En la noche fue el primer asunto que traté con Andrés. No quiso ni detenerse a discutirlo. Nada más dijo que ésos eran puros papeles inútiles, que lo que necesitaba Puebla era futuro, y no había donde poner tanto recuerdo. El lugar donde estaba el archivo sería para que la Universidad tuviera más aulas. Además ya era tarde,  Díaz Pumario su secretario de gobierno ya lo había vendido, es más, el dinero me lo iba a dar para el hospicio.
    Al día siguiente tuve que pasar la vergüenza de explicarle mi fracaso al señor Cordero. Total que el dinero de la venta ni siquiera fue para el hospicio porque la asociación de Charros visitó a Andrés la mañana en que lo tenía sobre su escritorio y junto con el cheque del gobierno del estado les dio lo del archivo como donativo personal.”

Si bien la acción de amparo, en general e históricamente, se concibió como garantía frente al Estado y contra las actuaciones ilegítimas y arbitrarias de las autoridades y funcionarios públicos, progresivamente y en especial después de la famosa sentencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina, en el caso Samuel Kot de 1958, se ha admitido frente a actos de particulares. Ello también deriva del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.